
El 20 de noviembre, Aduanas de Hong Kong y el Departamento de Protección Ambiental (EPD por sus siglas en ingles) realizaron una operación conjunta en Kwai Chung, una zona urbana dentro de la Nueva Ciudad de Tsuen Wan en los Nuevos Territorios de Hong Kong, incautando cerca de 1300 cilindros de refrigerante presuntamente de contrabando, con un valor de mercado estimado en unos 6.4 millones de dólares.
Mediante análisis de inteligencia y evaluación de riesgos, la Aduana identificó un contenedor marítimo que llegaba a Hong Kong desde los Estados Unidos y que se declaró que transportaba suelo laminado, para su inspección. Tras la inspección, los agentes de la Aduana y del EPD incautaron el lote de refrigerante presuntamente de contrabando que contenía el contenedor.
Se sospecha que este caso infringe tanto la Ordenanza de Importación y Exportación de Hong Kong (Cap. 60) como la Ordenanza de Protección de la Capa de Ozono (Cap. 403). La Aduana y el EPD realizarán conjuntamente investigaciones de seguimiento, y no se descarta la posibilidad de realizar arrestos.
En el comunicado de prensa presentado por el departamento de Aduanas de Hong Kong se comenta que como departamento gubernamental responsable principal de combatir el contrabando, Aduanas lleva mucho tiempo combatiendo diversas actividades de contrabando en primera línea. Aduanas mantendrá sus medidas de cumplimiento y continuará combatiendo con firmeza el contrabando marítimo mediante la gestión proactiva de riesgos y estrategias de cumplimiento basadas en inteligencia, y llevará a cabo operaciones específicas contra el contrabando en el momento oportuno para desmantelar los delitos pertinentes.
En Hong Kong el contrabando es un delito grave. Según la Ordenanza de Importación y Exportación, toda persona declarada culpable de importar o exportar carga no declarada se expone a una multa máxima de 2 millones de dólares y a siete años de prisión. Según la Ordenanza de Protección de la Capa de Ozono, la importación, exportación o reexportación de cualquier sustancia controlada que agote la capa de ozono está sujeta a registro y a un sistema de licencias. Cualquier persona que importe o exporte dichas sustancias controladas sin licencia comete un delito y se expone a una multa máxima de 1 millón de dólares y a dos años de prisión.


















